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Batería de proyectos para regular la tercerización

Presentamos una serie de proyectos de ley para regular la tercerización laboral estableciendo la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan sus tareas a otras empresas subordinadas o relacionadas. De esta forma buscamos ampliar la regulación con el objetivo de evitar que sea una forma de precarización laboral y al mismo tiempo garantizar seguridad jurídica a todos los actores de las relaciones laborales, retornando a la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo que fue modificada por la última dictadura cívico-militar.

 

Estos proyectos de ley que impulsamos tienen por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador, que a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales, en su mayoría jóvenes en su primer empleo.

 

Un proyecto modifica el artículo 29 y 29 bis de la ley de Contrato de Trabajo, otro el artículo 30 e incorpora el 30 bis y el tercer proyecto busca modificar el artículo 31. Estas dos últimas iniciativas ya las habíamos presentado en 2012 y en 2014: la modificación del artículo 30 fue aprobada en la Comisión de Legislación del Trabajo en 2012, mientras que la modificación del artículo 31 tuvo dictamen de Comisión de Trabajo en 2014. Ninguno de los proyectos ha sido tratado en el recinto por falta de voluntad del oficialismo que ha dilatado el debate, por eso nuevamente hemos hecho la presentación.

 

CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 29, SOBRE CONTRATACION POR PARTE DE TERCEROS Y 29 BIS, SOBRE EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES. 3752-D-2016. Presentado el 16/06/2016.
 

PROYECTO DE LEY

 

El Senado y Cámara de Diputados…

 

Artículo 1º. Sustitúyase el artículo 29 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias por el siguiente texto: “Artículo 29. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. La relación laboral se tendrá a sus efectos legales, como no registrada.

 

En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social.

 

Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas”.

 

Artículo 2º. Sustitúyase el párrafo primero del artículo  29 bis del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Artículo 29 bis. Empresas de servicios eventuales. Tercerización fraudulenta. Solidaridad. El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales, y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva que le fuere de aplicación, deberá ser remunerado de igual forma y gozará de las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores permanentes de la empresa usuaria, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.

 

La prestación de servicios a favor de una empresa usuaria de personal provisto por una empresa de servicios eventuales no habilitada por la autoridad de aplicación o la inexistencia de causas objetivas que justifiquen ese tipo de contratación, hará aplicable en ambos casos el primero y segundo párrafo del artículo 29 de la presente ley”.

 

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS

 

Señor Presidente:

 

El trabajo no registrado, o indebidamente registrado, es un fenómeno de carácter ya estructural, que estuvo presente en el mundo del trabajo en la Argentina, pero que desde fines de la década de 1980 tomó una voluminosidad en el cuerpo social, manteniendo hasta esta fecha niveles altísimos.

 

La falta de registración impone a los trabajadores y trabajadoras una situación de extrema vulnerabilidad, que va más allá de sus consecuencias más inmediatas; sean estas pérdidas de salario, desmejoramiento de las condiciones de trabajo, pérdida de beneficios sociales o previsionales, etc. Las condiciones de vida y de trabajo crean una espiral de pérdida permanente de derechos, y como consecuencia de oportunidades para los trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares.-

 

Este proyecto tiene como punto de partida la decisión como parte del estado argentino, de llevar al plano de su efectividad los compromisos internacionales asumidos en la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestro territorio. La falta de registración importa la violación de un complejo e interconectado manojo de derechos económicos, sociales y culturales, contenidos en los distintos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país, los que tienen rango constitucional a partir de la reforma del año 1994.-

 

El ordenamiento laboral argentino, haciéndose eco de la necesidad de evitar, corregir y sancionar, las conductas lesivas de terceros -los empleadores- que a través de figuras de intermediación en la contratación laboral logran violentar los derechos de los trabajadores, ha sancionado distintas normas que acotan y reprimen tales conductas. En ese mismo sentido, la presente iniciativa tiene por objeto adecuar el texto legal para perfeccionar su respuesta correctiva, frente a algunos fraudes laborales que se originan en la intermediación, y muy particularmente cuando ese fraude se provoca utilizando el recurso legal de la prestación a través de empresas de servicios eventuales.-

 

Las empresas de servicios eventuales realizan una intermediación autorizada por la ley. El titular del contrato de trabajo es la empresa de servicios eventuales, la que a su vez contrata con un tercero para que preste servicios en sus dependencias.

 

La recurrencia a estos emprendimientos comerciales permite en la realidad y con habitualidad, la utilización de estos trabajadores para el cumplimiento de contratos de trabajo que no tiene por su objeto, naturaleza eventual (conforme artículo 99º). El proyecto va sobre el núcleo del fraude en este tipo de actividad, al exigir de modo expreso que existan las razones objetivas que justifiquen su contratación, para poder evitar así las sanciones propias de una relación no registrada o irregularmente registrada de los trabajadores. Va de suyo que aquí se mantiene vigente la carga de la prueba exigida en el “in fine” del artículo 99º de la LCT.

 

El proyecto además, fulmina los fraudes que se ocasionen a través de empresas de servicios eventuales que no se encuentren debidamente habilitadas; elevando a rango legal lo dispuesto en el ordenamiento a través de lo dispuesto (artículo 23º del Decreto 1.694/06). La inexistencia de habilitación, impone a la relación laboral el carácter irregular en su registración.-

 

En razón a lo expuesto, es que solicito al resto de los legisladores el acompañamiento en la presente iniciativa.

 

CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744- . MODIFICACION DEL ARTICULO 30, SOBRE SUBCONTRATACION Y DELEGACION. INCORPORACION DEL ARTICULO 30 BIS, SOBRE CEDENTES, CONTRATANTES O SUBCONTRATANTES. 3754-D-2016. Presentado el 16/06/2016.

 

PROYECTO DE LEY

 

El Senado y Cámara de Diputados…

 

Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Artículo 30: Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que les dé origen, trabajos, obras o servicios correspondientes a su actividad principal o accesoria, dentro o fuera de su ámbito, tenga o no fines de lucro, deberán exigir a sus cesionarios o contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo, higiene y seguridad y frente a los organismos de la seguridad social y asociaciones sindicales.

 

En todos los casos el principal y los cesionarios, contratistas o subcontratistas serán solidariamente responsables frente a los trabajadores, organismos de la seguridad social, autoridad administrativa del trabajo y asociaciones sindicales por las obligaciones incumplidas durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.

 

Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32º de la ley 22.250 y a cualquier otro estatuto profesional en cuanto resulten más favorables”.

 

Artículo 2° – Incorpórese como artículo 30 bis del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente: “Artículo 30º bis: Los cedentes, contratantes o subcontratantes deberán exigir además a sus cesionarios, contratistas o subcontratistas el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, obra social y, de corresponder, a la asociación sindical, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador o de la asociación sindical representativa de los trabajadores o de la autoridad administrativa interesada en la verificación.

 

El incumplimiento de cualquiera de los deberes puestos a cargo del principal será considerado infracción grave en los términos previstos en el artículo 3°, inciso g), del anexo II al Pacto Federal de Trabajo ratificado por ley 25.212”.

 

Artículo 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS

 

Señor Presidente:

 

El proyecto que vengo a representar corresponde al Nº 2156-D-2014, cuyo texto fue aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo en el año 2012, obteniendo dictamen favorable conforme obra en Orden del Día Nº 2148.

 

Existen razones de suma importancia para receptar la reforma legislativa propuesta, la cual tiene por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador, (sujeto de preferente tutela constitucional, conforme al criterio asumido en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) que a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales.

 

Esta situación que afecta a un gran universo de trabajadores -en su mayoría jóvenes en su primer empleo- ha quedado plasmada en las diferentes luchas que desde hace años los trabajadores vienen realizando frente a esta práctica empresarial fraudulenta. La misma tuvo momentos de grave exposición pública, cuando estos conflictos involucraron a trabajadores de empresas tercerizadas de la actividad ferroviaria, los que manifestándose legítimamente contra la utilización abusiva de la tercerización, desencadenó en la trágica muerte de un militante que participaba en la lucha contra la precarización laboral.

 

Ese hecho instaló una discusión que desde hace mucho tiempo se encontraba pendiente, y ha impuesto en toda la sociedad la obligación de discutir una ley que regule en forma seria y en sentido protectorio del trabajador el fenómeno de la tercerización.

 

Desde que el RCT sufriera los embates del neoliberalismo, sus derechos han ido en mengua. Con estrategias de técnica legislativa que, por ejemplo, con la utilización de una sola palabra lograban desarmar todo un andamiaje de protección (por caso, la palabra “específica” en el artículo 30 del RCT, como calificativo excluyente que deja fuera de protección a un gran colectivo de trabajadores -limpieza, seguridad, gastronomía, call center, informática, ferroviaria, transporte automotor de carga, etc.-), lo cual es inaceptable desde la óptica del Constitucionalismo Social, consagrado en nuestra Carta Magna.

 

Si no devolvemos a sus orígenes la ley, en donde la preocupación principal del legislador fue que el trabajador tuviese asegurado el cumplimiento de sus derechos en la práctica, nunca se hará realidad su condición de sujeto privilegiado, lo cual no pasará de ser más que una frase, jamás realizada, como en tiempos del constitucionalismo clásico.

 

La redacción originaria de la ley 20.744 se encontraba enraizada en los principios del constitucionalismo social, y hacía realidad las mandas del artículo 14 bis de la C.N., que luego con la irrupción de la dictadura militar el 24 de marzo de 1976, fue cercenada brutalmente en detrimento de los trabajadores, sufriendo un quiebre en su lógica.

 

Bajo esta óptica, el ilustre Dr. Centeno, mentor de la Ley de Contrato de Trabajo, y gran conocedor de la realidad concreta del mundo laboral, recogió las enseñanzas de los maestros europeos y plasmó un esquema normativo donde el norte fue siempre la protección del trabajador, sin que esto significase una mengua del progreso.

 

Por lo tanto, cuando la agilidad de los negocios muestre como más conveniente una tercerización, una subcontratación, una sucesión empresaria, serán enteramente factibles, con un solo costo: el cumplimiento de las obligaciones para con el trabajador. Porque la supuesta independencia entre las empresas, lo será en otro orden, pero no en relación con el trabajador, que es el punto desde el cual debe ser observado el fenómeno, como señor de todos los mercados (cfr. Vizotti).

 

Por otra parte, la propuesta tiende a dotar de seguridad jurídica a los actores de las relaciones laborales, ya que su tratamiento normativo de la temática, en la redacción actual del art. 30 del R.C.T., ha dado lugar a lecturas y aplicaciones divergentes en magnitud tal que no permiten a aquellos efectuar previsiones razonables respecto de las consecuencias de sus decisiones empresarias al respecto o de los de los derechos que les asisten a los trabajadores que se encuentran involucrados en dicha situación.

 

Es por las razones hasta aquí señaladas que proponemos la modificación del art. 30 L.C.T. en el sentido que señalamos.

 

Se propone en el presente que la solidaridad de la empresa principal por los incumplimientos de sus cedentes, contratistas o subcontratistas tenga un alcance amplio, comprendiendo a todos los supuestos en que aquellos trabajos, obras o servicios objeto de contratación correspondan sea a su actividad principal como accesoria.

 

No ignoramos que la temática, en la concreta resolución de los casos que se presente, tendrá aristas casuísticas. Pero la solución que propugnamos, en este sentido, similar a aquella que imperara la L.C.T. (1974), estrecha a los márgenes de la incertidumbre frente a las respuestas normativas, otorgando previsibilidad tanto a los empresarios como a los trabajadores, afianzando la seguridad jurídica.

 

Por otra parte, no puede soslayarse que el empresario principal es quién elige a sus contratistas – derivándose de ello una responsabilidad “in eligendo”-, por lo cual la necesaria previa comprobación de la responsabilidad social y solvencia de esto constituye una previsión que resulta insoslayable en un “buen hombre de negocios”.

 

Por último, se deslinda del art. 30º e incorpora como art. 30º bis los actuales párrafos 2°, 3° y 4° del art. 30º que fueron incorporados por la Ley 25.013, pero se les otorga un sentido claramente diferente del que pudo haber tenido en mente quien propugnara su incorporación en 1998.

 

La obligación impuesta a la empresa principal de exigir a sus contratistas y subcontratistas “…el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo del trabajo” fue incorporada en 1998 con la finalidad de limitar la responsabilidad solidaria de la principal a los casos de incumplimiento a la obligación de exigir dichos instrumentos. Dicha intención no fue lograda por cuanto el análisis integral del artículo 30, a la luz de lo dispuesto en el párrafo primero en cuanto dispone que “…deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social…”, impidió efectuar tal interpretación limitativa.

 

En el proyecto que sostenemos, la obligación del principal de exigir tales datos o instrumentos formales se elimina del art. 30º, a fin de que no pueda sostenerse que solo a ello se limita la obligación de control de la empresa principal. Tal como queda redactado el art. 30 L.C.T. no genera dudas que la responsabilidad solidaria del principal nace frente a cualquier incumplimiento del contratista o subcontratista.

 

No obstante ello, se mantiene la obligación de la empresa principal de exigir a sus contratistas y subcontratistas el CUIL de cada trabajador, la constancia de pago de remuneraciones, la copia de los comprobantes de pagos mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria y cobertura por riesgos de trabajo, previendo que el incumplimiento de tal deber será considerado infracción grave en los términos del Pacto Federal de Trabajo ratificado por Ley 25.212.

 

Por las razones expuestas, y considerando que de convertirse en ley el proyecto contribuirá tanto a dar adecuada protección a los trabajadores frente a los supuestos de tercerización como a dar seguridad jurídica a todos los actores de las relaciones laborales, solicito de los Sres. Diputados su acompañamiento y sanción.

 

CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744-. MODIFICACION DEL ARTICULO 31, SOBRE EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADAS. 3753-D-2016. Presentado el 16/06/2016.
 

PROYECTO DE LEY

 

El Senado y Cámara de Diputados…

 

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 del régimen de contrato de trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias por el siguiente texto: “Artículo 31: Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente o accidental, o para la realización de obras o trabajos determinados, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, con los organismos de seguridad social, con la autoridad administrativa del trabajo y con la asociación sindical representativa de los trabajadores, solidariamente responsables.

 

En los casos en que medie la constitución de agrupaciones de colaboración empresaria o de uniones transitorias de empresas, y las mismas ejerzan derechos y contraigan obligaciones en calidad de empleador, a los efectos laborales serán consideradas sujetos de derecho, y los miembros de la agrupación y de la unión serán solidariamente responsables por las obligaciones contraídas por sus representantes o por cualquiera de sus integrantes con los trabajadores, con los organismos de la seguridad social, con la autoridad administrativa del trabajo y con las asociaciones sindicales”.

 

Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS

 

Señor presidente:

 

El proyecto que vengo a representar corresponde al Nº 2157-D-2014, cuyo texto fue aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo en el año 2014, obteniendo Dictamen conforme obra en Orden del Día Nº 925.

 

Con el presente proyecto se pretende volver a la redacción original del la ley 20.744. Esto es, solidarizar plenamente al conjunto económico, respecto a las obligaciones de la empresa controlada en relación a los trabajadores y los organismos de Seguridad Social, no obstante su personería jurídica propia, prevaleciendo el principio de la realidad económica, sustentado en el “Fallo Parque Davis y Cía. S.A.” C.S.J.N. del 31-7-73.-

 

Desde que el RCT sufriera los embates del neoliberalismo, sus derechos han ido en mengua. Con estrategias de técnica legislativa que, por ejemplo, con la eliminación de una sola palabra han logrado desarmar todo un andamiaje de protección (por caso, la palabra “accidental” en el artículo 31 del RCT), o bien con la incorporación de un requisito de muy difícil y en algunos casos de imposible comprobación, poniendo la carga de la prueba en cabeza del trabajador, quien debe acreditar que existen “maniobras fraudulentas o conducción temeraria” por parte de la empresa controlada, lo cual es inaceptable desde la óptica del Constitucionalismo Social, consagrado en nuestra Carta Magna.

 

En tal sentido, la redacción actual excluye de la solidaridad a las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o las Agrupaciones de Colaboración Empresaria (ACE) que confluyen para una determinada obra.

 

Es un fenómeno muy frecuente que las grandes empresas creen, ex profeso, pequeñas empresas con aparente personalidad jurídica y patrimonio propio pero que, en realidad, forman parte del mismo grupo económico y existen bajo la dirección, control o administración de la principal.

 

Sabido es que la empresa controlante o conjunto económico ejerce realmente la conducción de la empresa controlada, por lo cual la política laboral está dentro de su competencia. Concretamente si la empresa controlada no cumple con las leyes de carácter público la responsabilidad también debe recaer sobre las sociedades vinculadas. En la especie los beneficios obtenidos por una sociedad de sus actos ilícitos en materia laboral se trasmiten indudablemente al conjunto económico.

 

El Dr. Ermida Uriarte consejero de la OIT define al grupo económico como el conjunto de empresas formal y aparentemente independientes que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés.

 

En definitiva, el presente proyecto plantea volver al texto originario del RCT que la regla estatal 21.297 mutiló, en la inteligencia de que lo que ha sido implantado por una dictadura militar nunca puede ser bueno para un proceso democrático que defienda un régimen laboral protectorio del trabajador, acorde al Constitucionalismo Social imperante (Artículo 14 bis y 75 inciso 22 C.N.).

 

Por las razones expuestas, y considerando que de convertirse en ley el proyecto contribuirá tanto a dar adecuada protección a los trabajadores frente a los supuestos de maniobras ilegítimas, como a dar seguridad jurídica a todos los actores de las relaciones laborales, solicito de los Sres. Diputados su acompañamiento y sanción.