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Discurso Ley voto a partir de los 16 años

DISCURSO INSERTADO

Reunión 18º Sesión Ordinaria 15° (Especial)

Fecha Sesión 31/10/2012

Tema: Expediente 118-S-12 – Orden del Día 1164. Código Electoral Nacional. Modificación habilitando el sufragio a partir de los 16 años de edad.

Con la Ley Sáenz Peña mediante, Yrigoyen se convirtió en presidente con 341.000 votos sobre una población aproximada en Argentina de 8.000.000 de habitantes. No obstante el triunfo en 1916 de Yrigoyen fue vivido por las elites como un desastre. A partir de 1930 la restricción a la voluntad popular vendrá por el camino de los golpes de Estado y en la década infame el regreso al voto fraudulento. Las elecciones de 1945 implican un salto elocuente en la participación. Los datos son insoslayables. Perón es elegido con una participación del 82% del total habilitado. Obtiene 1.488.000 votos, que equivale a un 52%. Y a partir de las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en el que por primera vez pueden participar las mujeres, votaron 7 millones de argentinos. A 61 años de distancia, la posibilidad de una nueva ampliación de derechos está en discusión.

El impacto en el padrón electoral de la incorporación de los jóvenes de entre 16 y 18 años es relativo y debería servir para atenuar las especulaciones sobre este proyecto, que es más importante por su significado respecto de la extensión de derechos, que por su impacto en el padrón. En octubre de 2011 (28.915.030 de electores) votaron efectivamente 22.955.070 personas, es decir, casi el 80% del total. Efectivamente, como señaló el consultor Artemio López, “con la inclusión de los ciudadanos de 16 años (o más excluidos del padrón) hasta octubre de 2011, se agregarían 2,1 millones de personas de las cuales votarán 1,4 millones afirmativos manteniendo el promedio de ausentismo nacional, elevando el padrón electoral a 31 millones de electores, de los cuales votarán 24,4 millones de electores efectivos”. Despejada esta apreciación más superficial y especulativa podemos mirar de lleno la realidad social del universo de la juventud y dónde es que está más afectada.

Quiero decir respecto de los jóvenes, que el 78 por ciento de los menores de 19 años que se encuentran con empleo en relación de dependencia, están en la informalidad. Es decir que 8 de cada 10 jóvenes trabajan sin tener acceso a los derechos de la seguridad social y son explotados por sus empleadores. Lo que permite ver que entre las personas asalariadas de 15 a 19 años, casi el 80% no cuenta con aportes. Incluso, más allá de la existencia de una ley que había entrado en vigor en 2010 que imposibilita la celebración de contratos laborales con chicos de 16 años, en el cotejo de la situación laboral, las estadísticas oficiales toman en cuenta en muchos casos edades más bajas aún que la de los 16 años. Seamos sinceros: esta es una ley que amplía derechos sobre una masa de jóvenes que están inmersos en las más diversas realidades. Los datos de la Consultora Equis publicados sobre los nuevos votantes nos arroja una radiografía social preocupante que indica que nada más y nada menos el 25% de esos jóvenes son pobres (525.000), el 15% ni trabaja ni estudia (315.000) y el 53% no termina la secundaria (1.113.000).

La obligatoriedad del voto que está inscripta en el proyecto es positiva. La obligatoriedad tiene en cuenta la tendencia de que el voto voluntario u optativo corre a favor de los sectores de mayores recursos. Estadísticamente son los sectores sociales más acomodados los que optan por la concurrencia al voto. La obligatoriedad del voto suele evitar el quiebre de esta tendencia y compromete a la rutina electoral a los sectores más populares. Como decía, a través de algunos indicadores podemos ver que los jóvenes en la Argentina son los que más sufren muchas de las injusticias sociales y es este nuevo derecho un acierto en la posibilidad de que lo ejerzan en la dirección correcta de reparación de las injusticias que sufren.

No se trata de un reclamo social ascendente, sino de una ampliación de la ciudadanía sobre un sector cuyos datos sociales lo muestran vulnerable y todavía acreedor de políticas públicas que mejoren su situación. El reclamo de esta baja de la edad no forma parte de un colectivo que exige este derecho, como lo fue el caso del voto femenino, aunque por supuesto que fue y será recibido con beneplácito por las juventudes políticas y por todos aquellos jóvenes que se sientan parte y orgullosos del ejercicio de este nuevo derecho. Pero hay un dato menor y revelador que es posible poner en superficie: el proyecto no lleva la firma de ninguno de los diputados juveniles, del partido que sean, lo que plantea la ausencia de este futuro derecho en la agenda. En Argentina hay una histórica tradición de juventudes con compromiso social, sindical y político.

A partir de los 16 se abre un abanico de derechos (como la afiliación gremial) o la posibilidad de emanciparse. Puede riesgosamente este proyecto abrir la discusión de la baja de imputabilidad para menores (cuando ya existe un régimen penal juvenil) que muchas veces aún es más “ambicioso” y pide como frontera de la edad de imputabilidad la edad de los 14 años. Recordemos que a los 16 años los menores tienen responsabilidad penal para los delitos graves. Pero todo gobierno que se precie de tener un Estado presente que tienda a proteger a los más débiles, debe poner más énfasis en los derechos que en las obligaciones de los más desprotegidos.

En un Estado de Bienestar tal como el que ideó el general Perón, los niños son los únicos privilegiados. En ese caso, en la construcción de un proyecto fiel a la tradición peronista se debería hacer que cada chico, sea chico por más tiempo y no por menos, y con o sin derecho a elegir sus autoridades. La ampliación de la ciudadanía a partir del ensanchamiento de los derechos civiles constituye un paso importante en el camino de la democratización de la sociedad, siempre y cuando vayan acompañados de avances en los derechos humanos y sociales que impidan que los derechos civiles sólo queden en letra muerta. Este es un debate central desde el surgimiento mismo de la democracia, que hace a la diferencia sustancial entre democracia formal y democracia real.   

No podemos tampoco dejar de mencionar que implica promover la participación cívica de los jóvenes que estará inevitablemente ligada a promover su participación política. Desde el golpe de 1976 y la imposición del proyecto financiero neoliberal, la juventud fue objeto de múltiples estrategias regresivas, con el objetivo de mutilar desde temprano a las generaciones populares que tendrían en sus manos conducir los destinos de la nación. Los jóvenes militantes obreros, estudiantes, profesionales y campesinos que luchaban por una patria más justa fueron objeto primordial de persecución sangrienta. Luego, con la profundización del neoliberalismo, objetivos privilegiados de la nueva ética del consumo, del individualismo, de la no participación, del “no te metas”, de la política no sirve para nada, etc., como forma de adoctrinar y excluir de la decisión sustancial de los rumbos de la nación a las grandes mayorías. Por otra parte, la juventud, especialmente la juventud pobre -multiplicada hasta el hartazgo con las políticas de destrucción de la producción, el estado y el trabajo- se erigió como objeto central y estigmatizado de la criminalización.

 Ello trajo la fragmentación de la sociedad y, especialmente, de la juventud. La juventud pobre y obrera, tipificada como “pibes”, y la juventud de los trabajadores profesionales y sectores medios presentada como “adolescentes” o simplemente juventud, es la forma en la que se expresa dicha fragmentación y se divide el campo del pueblo. Atomizando a todos aquellos que viven de su trabajo y estigmatizando como peligrosos a sus fracciones más pauperizadas.

No por casualidad se vedó a la juventud; la política, primero a la fuerza y luego a través de la batalla cultural.  Porque la participación y politización de la juventud es la salida estratégica para romper esta trampa y superar, a su vez, la trampa de cierto “progresismo” de poner a la juventud (especialmente de las fracciones más postergadas) como meros objetos de asistencia, separadas también del resto de los sectores que componen el campo del pueblo.   

Resulta fundamental romper con la concepción formalista de la democracia y problematizarla desde la centralidad de la vigencia plena de los derechos humanos y sociales para la vigencia completa de la misma. En este sentido, este avance para los jóvenes no puede soslayar la cantidad de jóvenes todavía excluidos, que se expresa en la alarmante cifra de quienes no estudian ni trabajan y que ratifican lo expresado antes.

Según cifras de la CEPAL, en 2010 eran 900.000 los jóvenes en nuestro país entre 13 y 19 años que se encontraban en esta condición. Muchos, a pesar de la obligatoriedad de la secundaria que constituye otro gran avance legislativo en nuestro país, no pueden estudiar ya que no tienen las condiciones sociales suficientes para hacerlo. Por otro lado, es sobre los jóvenes donde principalmente recae el flagelo del desempleo, el trabajo en negro (que todavía afecta a más de la tercera parte de los trabajadores) y la explotación por tercerización que, como pesada herencia neoliberal de la dictadura, cercena los derechos básicos del joven trabajador. El asesinato de Mariano Ferreyra es paradigmático en este sentido. No es excluyente el tratamiento de esta extensión de derechos hacia los jóvenes comprendidos entre los 16 y 18 años, pero resulta urgente tratar una Ley que regule el flagelo de la tercerización que promueve en mayor medida la exclusión en los más jóvenes.

Por ello esta ley del voto joven va a empezar a llenarse de más contenido y realidad cuando, por ejemplo, se avance sobre el proyecto de responsabilidad solidaria contra la tercerización como forma de precarización laboral. O cuando los jóvenes tengan un pleno acceso a la vivienda garantizado por un Banco Hipotecario estatal y para los trabajadores. O cuando se les garantice a los jóvenes un acceso al primer empleo digno. O cuando podamos avanzar y hacer cumplir plenamente la Ley 26.061 de Protección de los Derechos del Niño y de los Jóvenes, sancionada en 2006.

 Ese es el camino de la profundización y el camino de la democratización plena. La democracia, en su sentido más profundo, es inseparable de la Justicia Social, que es creadora de ciudadanía. La democratización efectiva de la sociedad significa además del pleno ejercicio de los derechos civiles y la ampliación del sufragio, el pleno acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Todo ello es lo que hace realmente efectiva la democracia.

 Una democracia participativa, una democracia social, una democracia real es posible sólo a través de la justicia social.