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Discurso Ley de reforma de Consejo de la Magistratura

DISCURSO INSERTADO

Reunión 3º Sesión Ordinaria 3° (Especial)

Fecha Sesión 24/04/2013

Tema: Expediente 10-S-13 – Orden del Día 1905. Proyecto de Ley en revisión por el cual se modifica la Ley 24.937, del Consejo de la Magistratura

Ante todo, y más allá de las observaciones subjetivas que podamos hacer acerca de la valoración del sistema judicial, está claro que la gran mayoría compartimos que deben haber cambios que ayuden a agilizar la Justicia, para que esta sea accesible a mayores sectores de nuestra sociedad. Hoy en día funciona un sistema selectivo y corporativo en el cual gran parte de la ciudadanía no confía y no hay dudas que la confianza es piedra angular de todo el sistema. Sin la creencia de que quien juzga lo hace con imparcialidad e independencia no puede haber “JUSTICIA”. El proyecto en particular de la reforma del Consejo de la Magistratura hace especial hincapié en lo que se ha instalado como la idea de “democratización de la justicia”. Pero la celeridad con la que se ha dado el debate, la situación de fuerte polarización que atraviesa a la sociedad y las recurrentes modificaciones que se le han dado a los proyectos que muestra cierta improvisación en su elaboración; no permite la participación popular que si se ha dado de distintas formas, en por ejemplo, La Ley de Medios Audiovisuales o la Ley de Matrimonio Igualitario.

Está claro que de esto no solo es responsable el oficialismo. En mi rol de diputado junto a otros compañeros, hemos sido destinatarios de una campaña que ha intentado condicionar nuestro voto y depositar sobre nosotros una responsabilidad que es compartida por cada uno de los colegas que forman parte de esta Honorable Cámara. Pero no por esto podemos rehuir de la responsabilidad que nos toca.

Creo que este proyecto es el más importante de este paquete de leyes. Desde mi punto de vista existe una notoria contradicción entre lo anunciado y lo presentado. El núcleo de la reforma no transita para el gobierno ni por el ingreso a la Justicia (ya dejado de lado y vuelto a modificar en el Senado en lo que parece ser una concesión a lo que hasta ayer algunos llamaban la “corporación judicial”) ni por la transparencia (recordemos que esta misma cámara y en forma sistemática ha bloqueado una ley de acceso a la información pública) ni por el dictado de medidas cautelares contra el Estado (sobre las cuales se ha aceptado modificaciones). El corazón de la reforma transita por lograr una modificación que revierta la estructura del órgano encargado de seleccionar y promover la remoción de los miembros del poder judicial. La elección popular de los miembros se nos presenta como un medio para ese objetivo, como así también la modificación de la composición interna de esa institución. Bajo esta estrategia se corre el riesgo de que apelando al pueblo se busque reemplazar una corporación por otra máxime cuando las decisiones del Consejo serán tomadas por propia mayoría y se excluirá a las minorías de casi toda posibilidad de participación.

El 16 de febrero de 1996, cuando se intentaba implementar el primer Consejo de la Magistratura luego de la reforma constitucional del 94, el diario la Nación publicaba una nota bajo el título: “El poder no se comparte”. El periodista Adrián Ventura adelantaba que un reconocido jurista sostenía que “el Consejo como ámbito, debe estar subordinado a la expresión política mayoritaria”. En esa oración se encuentra el sentido de esta Ley, que al menos debe ser puesto en duda. Sin entrar en el debate acerca de si corresponde o no respecto de la Constitución la elección directa de sus miembros, en lo que quiero hacer hincapié es que, según la presente Ley el vencedor de la elección presidencial se quedará automáticamente con la mayoría del Consejo de la Magistratura con quienes compartirá la Boleta. Quien obtenga la mayoría simple de los comicios presidenciales, será del mismo signo partidario que 13 de los 19 miembros. Es decir más de los 2/3 del Consejo. Está bien clara la hegemonía que se construirá a través de una elección en donde el pueblo se expresa. Repito la idea que dije hace un momento y que corresponde al ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Carlos Barra de la llamada Mayoría Automática del menemismo: “el Consejo como ámbito, debe estar subordinado a la expresión política mayoritaria”. Barra tuvo que renunciar a la Corte a fines del año 93 por el escándalo que se había generado por su pasada militancia en organizaciones antisemitas, en medio del rechazo de varias entidades de la comunidad judía. Pero sin entrar en esas versiones todos recordamos lo que implicó durante la década del noventa el esquema de Mayoría Automática de la Corte Suprema de la que Rodolfo Barra fue parte. La administración de Menem recurría a la misma cuando una medida promovida por su gobierno se veía impedida por amparos judiciales. Por mencionar solo un caso, recordemos que la privatización de Aerolíneas Argentinas logró superar ciertas “trabas” judiciales, recurriendo a los fallos de esa Mayoría Automática. Ese es el sentido al que adhiere Barra cuando concibe al Consejo como un ámbito que debe estar subordinado a la expresión política mayoritaria. Dice que el poder judicial tiene que responder al gobierno surgido de las urnas. Propone que la justicia sea la de la voluntad de las mayorías, y en ese sentido parece ignorar que la independencia del Poder Judicial debe ser la garantía no solo de los derechos de estas, sino también de las minorías más débiles. Este proyecto de Ley pareciera inspirarse en la misma doctrina y creo que es un retroceso si comprendemos el valor de la independencia de la Corte Suprema a partir del 2003, que es sin duda una de las grandes conquistas que ha llevado adelante la actual administración. Es en ese sentido que no puedo dejar de expresar mis dudas respecto de este proyecto que le asegura a cualquier Poder Ejecutivo que asuma del 2015 en adelante, una influencia creciente sobre el poder judicial. En mi opinión genera condiciones que pueden resultar como aquella Mayoría Automática. Porque la hegemonía del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura es sin duda un instrumento que podría condicionar los distintos fallos y que puede ser utilizado por cualquier gobierno. Parece revertir el equilibrio que se buscó a través de la Reforma Constitucional del año 94, del que formaron parte muchos que hoy parecen estar de acuerdo con esta nueva reforma y es por eso que debemos subrayar la importancia que el Consejo de la Magistratura cumple en el equilibrio de los tres poderes.

Creo que el Consejo merece ser reformado respetando las conformaciones políticas que la ciudadanía decida con el objeto de generar un órgano lo más plural posible tal cual se pretendió con la reforma constitucional de 1994. De ninguna otra forma se lograrán jueces más independientes, probos y con mayor sensibilidad a las problemáticas sociales. Sólo reemplazar una corporación por otra. Me resulta difícil ver en esto un intento por democratizar la justicia. A esos efectos de realmente modificar en forma democrática el Consejo para contribuir con una mejora de nuestro sistema judicial, me atrevo a algunas sugerencias:

– Aumentar las mayorías necesarias para nombrar o destituir magistrados impidiendo que una sola fuerza política pueda tomar por si sola la decisión.

– Permitir que no sólo la primera minoría tenga acceso al Consejo sino también que la segunda sea parte del mismo y de esta manera flexibilizar al menos los 2/3 con los que contaría el oficialismo y permitir que la correlación de fuerzas internas del Consejo, no se transformen en una rígida dicotomía de oficialismo y oposición.

– Contemplar la posibilidad que las alianzas entre partidos políticos para candidatos al Consejo no quede circunscripta a una única elección sino que se autorice para todas las restantes.

– Desligar las elecciones de candidatos al Consejo de las elecciones presidenciales, evitando el efecto “arrastre” de figuras. Proponemos que se convoque una elección especial para elegir candidatos o bien que la misma se desarrolle en la oportunidad de llevarse a cabo las elecciones legislativas, en donde suele haber mayor dispersión del voto.

Para finalizar quiero retomar el eje al que me refería al principio y que tiene que ver con la legitimidad de esta medida. Realmente dudo mucho que el debate que se está dando en este recinto haya logrado traspasar con seriedad las paredes de esta Honorable Cámara. Hablamos de democratizar la justicia pero vamos a llevar a elecciones a un organismo del que difícilmente los ciudadanos hoy en día conozcan a sus miembros y las atribuciones que tienen. Basta con salir a la calle y preguntarle a la gente acerca de cuáles son los nombres de los miembros del Consejo o de sus funciones, para comprender que esto es más una necesidad política que una demanda de la población. No digo que no haya que trabajar en el sentido de profundizar los conocimientos acerca del mismo y aplaudo la iniciativa de iniciar este debate, pero creo que la rapidez con la que se lo está llevando adelante le resta legitimidad y es la principal causa de que se dude sobre sus verdaderas intenciones.

Este debate se ha dado en un contexto de fuerte polarización de la sociedad. El domingo en una columna de Horacio Verbitsky se refiere a una Argentina partida en dos realidades distintas e introduce un párrafo de la Relatoría para la Libertad de expresión de la OEA que creo pertinente leer y que dice lo siguiente: “el contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”. Esa “aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta”. Si bien está clara la poca voluntad de diálogo de algunos sectores, esto no es excusa para que el oficialismo no emprenda con empeño la difícil tarea de generar un consenso transversal que atraviese a la sociedad toda. Sobre todo en temas tan relevantes como esté. Si bien la máxima expresión de la voluntad popular se da a través del voto, que es la mayor fuente de legitimidad de un gobierno democrático, reducirlo solo a esto puede llevarnos al error de creer que la construcción de consensos es estática y rígida, sin visualizar que lo social es un terreno de disputas, porque el conflicto y la negociación permanentes son justamente los elementos que hacen a la práctica política. Ayer en Página/12 un párrafo del antropólogo Alejandro Grimson decía: “Se gobierna construyendo espacios de sustentación que, por más grande que sea el apoyo logrado, busquen trascenderlo. Incluso si al intentar amplificarlo sólo se lograra preservarlo. El diálogo o las búsquedas de consensos no son actos que se declaran porque suenan bonito. Son necesarios porque en su completa ausencia hay una renuncia a la disputa por ampliar las propias bases, por ampliar la frontera de personas y grupos que se pueden interpelar. El desprecio hacia el diálogo y la negociación es desprecio hacia la política como tal. Siempre el riesgo es instalación de una lógica ajena a la política, que crea que se construye poder vociferando sobre los adversarios cuando se construye poder con éxitos reales de gestión y con acuerdos políticos que amplíen (o preserven) los apoyos.”

Creo que si no somos capaces de abrir este proyecto en particular a la sociedad, aún a pesar de las trabas que pueden imponernos quienes desde una posición mezquina e irreductible se oponen a todo e intentan a través de escraches, gobernar mediante los medios de comunicación y fuera de los ámbitos institucionales de la democracia, estamos condenando a esta Reforma al fracaso, antes de haber intentado en serio ampliar las bases de sustentación de la misma. No se trata de buscar un rédito partidario o un triunfo táctico en función de una elección, sino de intentar realmente ampliar la base de sustentación de un proyecto que versa sobre la regulación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, del que creo que estamos dejando afuera a la mayoría de los argentinos.